El presidente francés, Emmanuel Macron, ha tratado de aplacar el fuego provocado por la aprobación de la ley de inmigración, que la Asamblea validó con los votos de la derecha y la extrema derecha de Marine Le Pen.

Su tramitación ha abierto grietas dentro del Gobierno y ha provocado la dimisión del ministro de Sanidad.

"Hacer bloque contra la extrema derecha, es no retomar sus ideas. En el texto no las hay. Me he enfrentado a la señora Le Pen dos veces (...). Ella estaba a favor de la abolición de la ayuda médica estatal y en este texto lo preservamos", ha dicho.

Macron ha dicho que "hay un problema de inmigración" en Francia, pero el país "no está desbordado" y "sigue siendo un país de acogida". Ahora será el Consejo Constitucional el que tenga que valorar el paquete y revisar algunas de las medidas, que él mismo considera en el límite. "Presentaré la ley al Consejo Constitucional porque creo que hay disposiciones que no son conformes con nuestra Constitución", ha dicho.

La primera ministra, Elisabeth Borne, ya reconoció que el Constitucional podría revisar algunos de los artículos pactados por el propio Gobierno con Los Republicanos. Uno de sus dirigentes, Bruno Retailleau, ha instado a Macron a respetar la decisión del Parlamento. "Todo parece indicar que Emmanuel Macron hace todo lo posible por no aplicar la Ley de inmigración".

El texto fue pactado con la derecha de Los Republicanos, que controlan el Senado y se hicieron con el debate. La norma contiene algunas medidas que, para algunos diputados de la mayoría presidencial, son líneas rojas que violan los valores del macronismo, que presumía de ser ni de izquierdas ni de derechas.

El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, reconoció que la ley no es perfecta, pero tampoco "una deshonra", y negó que haya una desbandada de ministros. Algunos departamentos del país sí se rebelaron y aseguran que no van a aplicar algunas de las medidas, que consideran que violan el principio de igualdad.

Fuente: El Mundo, España