El 23 de septiembre se cumplieron tres años desde que, por una decisión judicial, Sol fue apartada de su mamá. La causa se había iniciado en 2018 cuando Natalia realizó la primera denuncia contra su expareja y padre de la nena por violencia sexual hacia su hija. Desde entonces, recorre un complejo camino en los tribunales para conseguir justicia.
Sol tiene ahora siete años y está bajo la guarda de su abuela paterna. Al comienzo de la pandemia, Natalia estuvo incomunicada de su hija hasta que logró la autorización para hacer videollamadas. Después se estableció un régimen de visitas quincenales, que la jueza a cargo del caso -Romina Sánchez Torassa, de la ciudad de Río Tercero- suspendió hace tres meses. A partir de ese momento, Natalia no sabe nada de Sol.
La nena evidenció desde muy pequeña síntomas coincidentes con abuso sexual, y así lo confirmaron informes médicos y psicológicos. En mayo de este año, su progenitor fue procesado por ese delito.
En una conferencia de prensa de la que participaron organizaciones de derechos humanos, legisladoras y especialistas en infancias y géneros, como Enrique Stola, Carlos Rozanski, Nelly Minyersky, Diana Maffia, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Liliana Hendel, entre otres, se abordó la actualidad de este caso, como símbolo de las estrategias disciplinadoras de ciertos sectores del Poder Judicial hacia las madres protectoras.
María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se refirió a la actuación de la jueza.
En el mismo sentido, el exjuez Carlos Rozanski remarcó que estas medidas judiciales contra la niña Sol son delitos.
También Nelly Minyesky, abogada feminista, analizó el ensañamiento contra las madres que denuncian abusos padecidos por sus hijes.
Por último, Sara Barni, de Red Viva, informó acerca del pedido enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar cuenta de las irregularidades de funcionarixs judiciales que intervienen en la causa.
Informe: Romina Ruffato (Área de Géneros)
