Fuerzas de la policía de Brasil y el Ejército empezaron hoy a desmantelar el campamento instalado por adherentes del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, en cumplimiento de una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes.
Informa Cecilia Diwan
Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1 mostraban personas cargando carpas y bolsos, varios de ellos con remeras amarillas e inscripciones de apoyo al exmandatario ultraderechista, mientras dejaban el lugar, luego que De Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.
Poco después de las 9 de la mañana local, los acampantes comenzaron a ser retirados del sitio, unas 1.200 personas en total en unos 40 buses, que fueron enviados a la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal.
El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones.
El bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años, quien colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia en la víspera de Navidad, dijo en un comunicado que el plan se montó en el lugar y contó con la participación de otros acampantes.
El ministro del STF prohibió además, y hasta fines de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.
Ayer, miles de bolsonaristas que se niegan a aceptar la derrota de su líder en las últimas elecciones presidenciales invadieron las sedes del Congreso Nacional, la Presidencia y la corte suprema, reclamando una intervención militar para derrocar al Gobierno electo que asumió sus funciones el 1 de enero.
Los asaltantes violentaron las barricadas de seguridad, rompieron puertas y ventanas y ocuparon parte del edificio y los techos del Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo.
Anoche la policía consiguió retomar el control de los edificios.
Al menos 400 personas fueron detenidas, según la Policía Civil del Distrito Federal.
De acuerdo con la decisión del juez de Moraes, el operativo debe ser realizado por la Policía Militar de los Estados y el Distrito Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional y Policía Federal en caso de ser necesario.
La decisión debe ser ejecutada y respaldada tanto por el gobernador como por el comandante militar del Cuartel General.
