El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezará el acto al cumplirse el primer aniversario del primer intento de golpe de Estado en la democracia moderna brasileña, perpetrado el 8 de enero por seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro, que asaltaron la sede de los poderes en Brasilia buscando derrocar al gobierno asumido una semana antes.
El caso generó ya 30 sentencias a prisión, la mayor de 17 años, y un total de 1.345 procesados acusados de varios delitos, entre ellos atentar contra el estado de Derecho, según informó el Supremo Tribunal Federal, a cargo del megajuicio.
La ceremonia, llamada "Democracia Inquebrantable", será realizada en el Congreso en defensa de la democracia y tendrá el faltazo de los principales aliados de Bolsonaro, sobre todo porque el expresidente es uno de los investigados por la Fiscalía General por ser uno de los instigadores del asalto, que fue una réplica tropical de la invasión al Capitolio realizada por seguidores de Donald Trump en Estados Unidos dos años antes.
Bolsonaro, residente en Brasilia, avisó que estará en su casa de la playa de Angra dos Reis, mientras que el bolsonarista gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, del partido Republicanos, vinculado a Iglesia Universal, avisó a través de su oficina de prensa, ante una consulta de Télam, que está de vacaciones en Europa.
También se ausentarán el libertario Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais, el derechista Claudio Castro, de Río de Janeiro, y el líder ruralista que gobierna Goias, Ronaldo Caiado. Lo mismo los ultrabolsonaristas Jorginho Mello, de Santa Catarina, y Carlos Massa, de Paraná.
Si bien no es bolsonarista, el gobernador ultraliberal de Río grande do Sul, Eduardo Leite, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está de vacaciones en Trancoso, Bahía, y avisó que no pretende acudir al acto.
Pero la gran ausencia será la de un actor clave en el golpe: el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, que se tomó vacaciones en Miami para no acudir a la cita y enviará a su vicegobernadora.
Rocha, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), fue suspendido del cargo por tres meses tras el intento de golpe debido a que su secretario de Seguridad, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, liberó la zona para los golpistas.
Torres, quien en su casa tenía un borrador con mecanismos legales para que el Ejército desconozca a la justicia electoral y no reconozca la victoria de Lula, es el exfuncionario con más rango que está procesado y en prisión domiciliaria. Es un aliado clave de Bolsonaro.
También está dentro de la investigación el exedecán Mauro Cid, detenido por otros delitos desde mayo de 2023, pero que firmó un acuerdo de cooperación con la justicia para reducir su pena y confirmó la existencia de un plan para que los militares puedan intervenir el tribunal electoral y desconocer la victoria de Lula.
El acto para repudiar la intentona y la invasión a los edificios públicos contará con una exposición fotográfica en la corte y un acto en el que hablarán Lula, el presidente del supremo tribunal, Luis Barroso; el titular de Diputados, Artur Lira, aliado de Bolsonaro; y el del Senado, Rodrigo Pacheco.
Más de 500 personalidades de todos los ámbitos fueron invitadas por Lula y la primera dama, Janja.
El 8 de enero de 2023, miles de personas invadieron, sin resistencia de la Policía de Brasilia, el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, destruyendo todo a su paso, en reclamo de que el Ejército diera un golpe de Estado para sacar del poder a Lula, ya que consideraban que había habido fraude electoral.
Aquel domingo, Lula, con una semana de gestión, había viajado al interior de San Pablo, a Araraquara, para visitar zonas afectadas por inundaciones, luego de recibir, según el mismo contó el viernes al diario O Globo, la certeza del ministro de Defensa, José Mucio, de que pese a las movilizaciones bolsonaristas convocadas no habría incidentes graves en la capital.
Desde que Lula había vencido las elecciones el 30 de octubre, el bolsonarismo desplegó una serie de protestas con cortes de ruta y acampes frente a los cuarteles del Ejército desconociendo el resultado, sobre todo porque Bolsonaro no aceptó la derrota, incluso hasta el día de hoy.
En 2023, el ultraderechista del Partido Liberal (PL) fue inhabilitado por la justicia electoral hasta 2030 por haber cometido abuso de poder y haber diseminado mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros cuando era jefe de Estado.
La invasión duró cuatro horas, en las cuales fueron destrozados elementos históricos y obras de arte en la sede de los poderes. Policías de Brasilia fueron filmados sacando fotos y festejando con los manifestantes, mientras que los militares que custodiaban el Planalto no usaron la fuerza ante los manifestantes.
Por esta razón cayó el ministro del Gabinete Institucional de Lula, Marco Gonçalves Dias, que había sido filmado dialogando con manifestantes mientras se destrozaba el Planalto y los otros edificios geométricos de vidrio y concreto diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer.
Lula contó que fue aconsejado por parte de los militares para que dictara un decreto de Garantía de Ley y Orden en Brasilia, pero el ala política del gobierno rechazó la medida, que le daba potestades al Ejército en la capital en plena crisis.
La Policía de Brasilia fue intervenida el mismo día por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Inicialmente fueron detenidas 243 personas, entre ellas 161 hombres y 82 mujeres. Con el correr de los días la cantidad de detenidos ascendió a 1.398, de los cuales 1.345 procesos continúan abiertos, según el presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Moraes reveló la semana pasada al diario O Globo que uno de los planes detectados por la Policía Federal en las investigaciones de comunicaciones de los golpistas -financiados sobre todo por empresas de medio porte de agronegocio de los estados sojeros del país- era colgarlo en la Plaza de los Tres Poderes una vez consumado el golpe.
Actualmente hay 66 acusados que se encuentran detenidos en las cárceles de Colmeia y Papuda, en Brasilia. Más de 700 están en prisión domiciliaria o con limitaciones para salir del país.
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