La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego dictaminó que fue responsabilidad del anterior gobierno nacional y no de la provincia la instalación de un radar con potencial capacidad militar y por parte de una empresa de capitales ingleses en inmediaciones del municipio de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla.
El dispositivo montado en 2022 por la empresa Leolabs Argentina SRL, una compañía con socios de Irlanda e Inglaterra constituida ese mismo año en la ciudad de Ushuaia, derivó en un conflicto interjurisdiccional cuando el Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de Jorge Taiana, admitió que las instalaciones implicaban un riesgo para la seguridad nacional.
Samuel Mazepa, periodista de Radio Nacional Río Grande, informó El funcionamiento del radar que en principio iba a utilizarse para el monitoreo de basura espacial fue autorizado de manera precaria por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, dependiente del exjefe de gabinete Juan Manzur, el 15 de noviembre de 2022.
Sin embargo, al conocerse la postura de la cartera de Defensa, la misma Subsecretaría canceló el permiso y dispuso el cese de las actividades del radar el 22 de junio de 2023.
Desde entonces comenzó un conflicto entre el gobierno fueguino y los funcionarios nacionales, en especial con el excanciller Santiago Cafiero, acerca de a qué jurisdicción le corresponde intimar al desarme completo del mecanismo de monitoreo y cuál tuvo la principal responsabilidad en el desembarco de la empresa británica.
A ello se sumaron los reclamos de algunos diputados de la oposición y de agrupaciones de ex combatientes de la guerra de Malvinas que exigieron respuestas a ambos estados y pusieron en duda si el radar podía seguir operando de manera remota.
