Entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril de 1987 tuvo lugar el primero de los alzamientos militares contra el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín.
Todo comenzó el martes 14, cuando el ministro de Defensa de Alfonsín, Horacio Jaunarena, dispuso la baja del mayor Ernesto “el Nabo” Barreiro, reconocido como jefe de los torturadores del centro clandestino de detención cordobés de La Perla.
Además, Barreiro, bajo las órdenes de Benjamín Menéndez, había formado parte del “Comando Libertadores de América” –una especie de Triple A cordobesa- durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
En 1987, comprobados por parte de la Fiscalía al menos seis casos de tortura y uno de homicidio cometidos por Barreriro, la Cámara Federal de Córdoba lo citó a declarar.
Dado que Barreiro no se presentó, la justicia ordenó a la autoridad militar que fuera trasladado -y confinado- en otra unidad militar, distinta a la que reportaba.
La policía cordobesa actuaría como auxiliar de Justicia y llevaría a Barreiro al Regimiento de Infantería Aerotransportada pero, al llegar el grupo de efectivos militares, la oficialidad se amotinó.
Poco después, Aldo Rico, un teniente coronel condecorado por su desempeño en la guerra de Malvinas, rompió la cadena de mandos, se instaló en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se erigió como el líder de la rebelión.
Ya no se trataba de un desafío a la Justicia para evitar los juicios por los crímenes de la dictadura sino un desacato a las instituciones de la democracia.
El 16 de abril, el entonces presidente argentino se dirigió al país desde el Congreso de la Nación para expresar la postura del gobierno frente al levantamiento carapintada, rodeado de lo más representativo de la dirigencia política, empresarial y sindical.
Por su parte, los rebeldes, con las caras embetunadas como si fueran a la guerra, reclamaban una “solución política” para los centenares de citaciones judiciales contra oficiales de las tres fuerzas armadas por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, que había terminado menos de cuatro años antes.
También pedían el desplazamiento de la cúpula del Ejército, buscando despegarse de responsabilidad en la represión ilegal.
Siguiendo las indicaciones de Alfonsín, el jefe del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú desplazó tropas del Cuarto Cuerpo de Ejército, con sede en La Pampa, hacia Córdoba para recuperar el Regimiento 14, donde se había refugiado Barreiro.
Por otro lado, ordenó al jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, el general de brigada Ernesto Alais, que se dirigiera desde Rosario hacia Campo de Mayo para reprimir a los sublevados.
Sin embargo, el lento avance de las tropas comandadas por Alais comprobó que el jefe del Segundo Cuerpo estaba de acuerdo con los sublevados y que les estaba dando tiempo para organizar su defensa.
El alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987 fue derrotado por una eficaz combinación de movilización popular espontánea y convocatoria política amplia que participó en un Comité de crisis.
En todo el país, la ciudadanía salió a la calle a repudiar el levantamiento militar y defender la democracia.
El domingo de resurrección al mediodía, luego de la firma de un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno, Alfonsín anunció a la multitud congregada en la plaza que se trasladaría a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse.
Finalmente, a las 18.07, Raúl Alfonsín confirmó desde el balcón de la Casa de Gobierno: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”, la frase que con su “Felices Pascuas” cerró un momento dramático de la transición democrática.
Repasamos lo ocurrido durante aquellos días de abril de 1987 a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
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