En la capital salteña son seis los terrenos fiscales que permanecen ocupados en forma ilegal por familias que vivían hacinadas. Desde el gobierno provincial aseguran que detrás de la necesidad se esconden intencionalidades político partidarias.
El secretario de Tierras y Bienes del Estado, Esteban Carral, dijo que las tierras estaban reservados para el uso institucional, es decir para la construcción de escuelas, centros de salud y comisarías, entre otros edificios. Afirmó también que en los últimos cuatro años no se planificaron loteos para urbanización.
