Uruguay dio un paso histórico al aprobar mediante ley la eutanasia, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo por vía legislativa. Esta normativa permite que personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos insoportables puedan solicitar asistencia médica para morir con dignidad.

Florencia Salgueiro, vocera de Empatía Uruguay —una de las agrupaciones impulsoras del proyecto de muerte digna—, dialogó con el equipo de Creer o reventar y subrayó que este avance no es una concesión improvisada, sino la culminación de años de movilización que busca reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida bajo condiciones reguladas.

"Estamos muy contentos de haber llegado finalmente a este punto y se haya convertido en una ley. hay gente, pacientes, que lo estaban esperando y no tenían un marco legal para hacerlo", expresó.

El texto aprobado estipula que solo las personas mayores de edad, residentes o ciudadanos uruguayos, y con capacidad psíquica plena pueden acceder a esta opción. Quienes se acogen deben encontrarse en etapa terminal de una patología incurable e irreversible o experimentar sufrimientos que consideren insoportables, junto con un deterioro progresivo de la calidad de vida.

El procedimiento exige que el paciente presente la solicitud personalmente y por escrito, y el trámite pasa por sucesivas evaluaciones médicas. En caso de discrepancias entre profesionales, el proyecto prevé la intervención de una junta médica.

Salgueiro destacó que se incorporaron mecanismos de garantías para evitar abusos y cuidar la integridad del proceso, insistiendo en que el proyecto representa un acto de justicia social y reconocimiento de la autonomía personal frente al sufrimiento.

El debate parlamentario ha sido intenso: la Iglesia católica y grupos conservadores se manifestaron públicamente en contra, enfatizando la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos antes que habilitar la muerte asistida.

La normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados con 64 votos a favor y 29 en contra, y luego ratificada en el Senado con mayoría legislativa. Ahora resta su promulgación y reglamentación por el Poder Ejecutivo.