Limitar o castigar a la protesta social es motivo de proyectos que aparecen y reaparecen cíclicamente. A veces son periodistas, otras concejales, otras funcionarios. Ahora es Juan Manuel Cid, legislador de Hacemos por Córdoba. Su proyecto está inspirado en los argumentos de siempre: el derecho a manifestar es equivalente al derecho comerciar y a transitar libremente.
Los trabajadores perjudicados son quienes financian los planes que piden y finalmente reciben. Después de reiterar tantos lugares comunes, es hora de escuchar a constitucionalistas como Roberto Gargarella, quien postula que el derecho a la protesta es el primer derecho.
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