Tras la feria judicial, se retomó el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, con el alegato del fiscal federal Diego Luciani, quien anticipó que acusará a la vicepresidenta Cristina Fernández por "asociación ilícita". La abogada Valeria Rosso Ponce, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima advirtió que “es gravísimo lo que está pasando” dado que el fiscal carece de pruebas para sostener dicha acusación y, por ende, “hay un apartamiento del principio de legalidad que es un principio constitucional".
Remarcó que “esto es un largo camino que nos va mostrando un final anunciado y que es una muestra más del desprestigio en el que ha caído el Poder Judicial en nuestro país".
Agregó que el sistema judicial argentino “ha caído en un descrédito en donde no es necesario tener pruebas para trabajar en un proceso y obtener una sentencia condenatoria” y las y los argentinos “estamos siendo testigos impotentes de esta situación”.
La letrada lamentó que “los fiscales federales están trabajando respondiendo a la tapa de los diarios” y, en ese sentido, sostuvo que lo ocurrido ayer “es una de las tantas muestras del lawfare”.
“Se ha convertido el Poder Judicial en un partido judicial, baluarte del poder concentrado que no da la disputa y el debate sino que ha logrado inmiscuirse para minar la discusión política” y, en ese sentido, señaló que “el lawfare es el recorrido para la proscripción candidatos”.
Rosso Ponce admitió que esta situación no es exclusiva de nuestro país y recordó lo que ocurrió en Brasil con Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula Da Silva.
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