Con dispar acatamiento se lleva adelante la medida de la Cámara de Prestadores de Salud, que nuclea a clínicas y sanatorios de Córdoba contra la obra social provincial, Apross, en reclamo de una urgente actualización de aranceles de sus prestaciones a más de 600 mil afiliados, y que no es ajustada desde 2016.
Gustavo Bilbao, secretario de la entidad y propietario del Sanatorio Aconcagua, consignó que la mayoría de nosocomios privados de la Capital y de Río Cuarto, adhieren a la medida, aunque aclaró que sólo atienden urgencias y emergencias.
Por su parte, José Pihen, secretario del gremio de empleados estatales provinciales, consideró a la medida empresarial como injusta. Consignó que las clínicas piden una recomposición en el vademécum de un 40 %, cuando saben que la obra social solo se mantiene con el aporte de los afiliados, los cuales han percibido una magra suba salarial.
