El especialista en inclusión de UNICEF, Sebastián Waisgrais, dijo que “sorprende la decisión de poner la edad de imputabilidad por encima del cambio de la normativa”. Resaltó que “un chico tiene menos garantías procesales que un adulto” y habló sobre las malas condiciones de los centros de detención donde son alojados. “Todos queremos una sociedad más segura, pero no podemos olvidar los determinantes que producen esta situación de inseguridad”, sostuvo Waisgrais. “La ley debe garantizar que cualquier adolescente que este en conflicto tenga proceso penal con garantías y que como regla se puedan aplicar medidas no privativas de la libertad”, aseveró.

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