La líder de la organización Túpac Amaru y entonces integrante diputada del Parlamento del Mercosur fue detenida de manera arbitraria el 16 de enero de 2016, , acusada de instigar delitos y tumultos.
Al asumir en 2015 Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, anunció su intención de obligar a las organizaciones sociales de la provincia a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas.
La Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que Milagro Sala formaba parte como representante de la Túpac Amaru, encabezó un pedido de reuniones con el mandatario provincial para interiorizarse sobre las nuevas medidas.
La negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a las organizaciones sociales a iniciar un acampe como protesta frente a la Casa de Gobierno provincial.
Pocos días después, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto con el que buscó intimidarlas para lograr que levantaran el acampe.
El decreto suspendía la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran.
Si bien algunas cedieron a esas presiones y abandonaron el acampe, la Túpac Amaru se mantuvo en el lugar, y sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro, que se produjo aquel 16 de enero de 2016.
A pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Gutiérrez ordenó la detención de Milagro, que se concretó con un enorme operativo de fuerzas de seguridad del que participó el entonces ministro de seguridad Ekel Meyer, hoy juez del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy.
El 29 de enero, un juez ordenó su excarcelación pero, ese mismo día, antes de que fuera liberada, se pidió otra vez su detención en otro expediente conocido como "Pibes Villeros".
La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, estuvo desde marzo de 2020 bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 15 de diciembre de 2022 convalidó la condena a 13 años de prisión dictada contra la dirigente en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy.
Surgieron otras causas en su contra pero todas con un denominador común: denuncias de irregularidades en el accionar de la Justicia de Jujuy contra la dirigente social y una campaña de estigmatización y desprestigio promovida por Morales y agravada por su condición de mujer e indígena.
En los siete años que lleva detenida, Sala atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en el fuero contravencional mientras que otras dos causas se encuentran en etapa de investigación y otras cinco fueron elevadas a juicio.
En 2021 el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de hostigamiento y criminalización que padece tanto ella como la Túpac Amaru.
A partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado y la intención de la justicia provincial de que cumpla la condena en prisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó informes al Estado argentino para conocer la situación de la dirigente social, beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal dictada en 2017 para “garantizar la vida, integridad personal y salud".
Para estos organismos “debe seguir en prisión domiciliaria por estar vigentes las medidas de protección dictadas por la CIDH cuyo incumplimiento así como las violaciones a las garantías del debido proceso en su contra, comprometen al Estado argentino en su responsabilidad internacional".
Recordamos esta fecha y reconstruimos aquellos días a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
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