"La ley es de 1980, es antigua y no refleja los principios democráticos y garantías que hoy exige el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese sistema resultó ineficente y habilitó injerencias del Estado muy graves, sin juicios previos para los adolescentes, ni determinadas medidas para la resocialización", mencionó.

Rodríguez Machado a su vez advirtió que la actual ley "no da seguridad ni justicia a las víctimas" ni "tampoco beneficia a los menores en conflicto con lo penal". "El punto más destacado ha sido a partir de qué edad se considera que un menor, tiene las funciones para identificar que una acción es un delito. Estas son discernimiento, intención y voluntad", agregó.