“Que alguien me explique cómo se obliga a una adulta a abortar”

Así lo indicó Miranda Ruiz, médica residente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. El viernes la detuvieron e imputaron por haber realizado una ILE.

El fiscal Gonzalo Vega pidió la detención preventiva y el juez Héctor Mariscal Astigueta la concedió. Pero tras la presión social en todo el país, la médica fue liberada.

Ruiz afirmó que cuando se empezó a dar difusión del aborto violando la intimidad de la paciente, una jueza de Garantías de Tartagal llamó a la Gerencia y avaló el aborto legal. Una de las denunciantes fue la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subleza, quien se guió por la denuncia que hicieron familiares de la joven de 21 años que accedió a su derecho. Agregó la actitud de la diputada provincial, Cristina Fiore, que en la misma línea usó el caso para militar contra el aborto legal. “Que Subelza y Fiore honren sus cargos públicos, como yo lo hago”, manifestó la médica al agregar que “es increíble como la paciente, los familiares (de la joven) y yo estamos siendo usados políticamente”, en el marco de la militancia antiderechos contra la Ley que legaliza el aborto las interrupciones voluntarias y legales del embarazo.

Otro punto que destacó fue el signo patriarcal de la Justicia salteña, que se apuró en apresarla a ella, pero dejó sin suspensión alguna al médico ginecólogo Marcelo Cornejo, a quien ella denunció en la justicia por el abuso de una menor el año pasado. Mientras, este año se presentó una denuncia administrativa en su contra porque dos mujeres (una menor y otra adulta), coincidieron en el relato de que ofrecía los abortos a cambio de sexo o dinero. La denuncia fue firmada por cuatro profesionales del Hospital. Sin embargo, el médico continúa trabajando.