Barbara García y Camilo García, son hijos de desaparecidos fueron testigos de cuando “chuparon” a sus padres en lo que se conoció como la masacre de la imprenta San Andrés.
En instancias del inició del juicio oral y público contra los militares que organizaron la avanzada, denuncian que buscan limitar la participación en las audiencias. A la familia le preocupa que el hermetismo pretenda sellar impunidad para los represores.
“Hasta ayer teníamos unas directivas, hoy a la mañana nos cambiaron todo, a tal punto que tratándose de un juicio oral y público no dejaron el ingreso a la oficina pública fiscal, al CELS, a la Secretaría de Derechos Humanos, organismos que forman parte de la querella. Hasta ayer teníamos una sala para 70 personas, estábamos esperando la autorización para la prensa, para la Retaguardia un compañero con una camarita y le negaron el ingreso, la única explicación que dan es de aforo por decreto Covid, un decreto que ya no esta vigente”, explicó Barbara García en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Y siguió “hoy nos notifican que solo podríamos ingresar mi hermano Camilo García, mi abogado y yo, a través de un escrito pedimos que se corrijan. Como corresponde en un juicio oral y público pedimos respeto, este juicio vino con problemas desde el inició es más conocido por las maniobras que por la misma Masacre de San Andres. Los imputados no van a estar que es lo que ellos quieren no imponerse este Tribunal es el mismo que lleva adelante la causa de Vialidad que tiene imputada a Cristina Kirchner, 4este caso se trasmite para todo el mundo, acá estamos hablando de un juicio de Lesa Humanidad, tenemos derecho estamos en democracia, pero nos niegan todo”.
Programa: Conexión Nacional // Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación técnica: Osvaldo Tapia
