Análisis, por Sergio Tagle Córdoba

Protocolo antipiquetes y liberalismo democrático

Después del ajuste viene la represión porque el ajuste provoca reacciones sociales. Acción-reacción. Si se anuncia e implementa un plan económico que afectará a salarios, jubilaciones e ingresos populares a través de políticas sociales, lo que ocurrirá después serán protestas callejeras.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene experiencia, conoce este manual. Por este motivo presentó el protocolo de público conocimiento  para que las fuerzas de seguridad repriman la protesta en las calles sin orden judicial. Informó esta decisión política con palabras que caen muy bien en la opinión pública. “Orden”, la idea es traer "orden". “Paz”, que la gente pueda circular "en paz".

El periodismo apoyó diciendo “respetar el derecho de la gente que trabaja”, como si los manifestantes no trabajaran.

Los agentes federales pueden actuar sin orden judicial. La policía aplicará toda la violencia que demande la fuerza que presente el oponente. Esto es lógica de guerra y no lógica constitucional. Ni siquiera admitirá aquellas movilizaciones que, pacíficamente, dejen un espacio para el desplazamiento del transporte. La Ministra advirtió que “se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”. Acá también hay lógica de guerra. Cualquier General, docente de la Escuela de Guerra, te puede decir que las acciones continúan hasta desarmar o lograr la rendición del enemigo.

Andrés Gil Domíngez, abogado constitucionalista, aporta legalidad y constitucionalidad a todo este lenguaje bélico para prescribir la relación entre fuerzas de seguridad y ciudadanos. Gil Domínguez explica que "la aplicación del artículo 194 del Código Penal para delitos en flagrancia, que invoca Bullrich es inconstitucional". 

Apelando un sentido común alienado por las ideas dominantes, periodistas y políticos dicen que con los cortes de calle,  son perjudicados los trabajadores en blanco que son quienes financian a través de impuestos. Este sentido común no sabe que la protesta es el primero de los derechos. Tampoco lo sabe el protocolo de Bullrich. A esto no lo dice uno. Lo dice John Rawlls, un filósofo político norteamericano. Es liberal pero liberal democrático. Fundamenta por qué la protesta es un derecho que ayuda a mantener vivos al resto de los derechos. Por ejemplo, si tenemos trabajo formal es porque antes otros lucharon para que esto sea posible. Si tenemos un amplio e irrestricto derecho a la crítica política, sí podemos esperar que ganemos nuevos derechos y que preservemos  los que ya tenemos.

Las protestas del pasado hicieron posible los derechos del presente. Esta es la idea.

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