En la nota presentada al Tribunal manifestaron que “a la irregularidad manifiesta de contratar directamente por un monto significativamente superior al permitido por la normativa vigente, venimos a advertir que se estaría cometiendo un grave perjuicio a las cuentas municipales respecto al referido contrato”.
Detallan en la presentación que “en la Resolución 2200-I-2019 se autoriza la contratación por alquiler con opción de compra de cien (100) contenedores de carga lateral de 3200 lts. a un valor de U$D 286.080. A su vez destacan que “en la Resolución no se estipula cual sería el valor adicional que debe pagar el Municipio en el caso de optar por la compra, por lo tanto tampoco podemos establecer si este es el valor final que se pagará para que los contenedores sean de propiedad municipal”.
Según el presupuesto que requirieron Galaverna y Accavallo a una de las empresas que comercializa este tipo de contenedores (se adjunta), el valor unitario de compra es de $58.685 (IVA incluido) que convertido a dólares estadounidenses seria de U$D 1.342 por cada contenedor. Este presupuesto hace un valor final de compra de U$D134.200 por los cien (100) contenedores.
Con las pruebas mencionadas los dirigentes del Frente Unidos solicitaron la urgente intervención del Tribunal de Contralor para “que se investigue el presunto pago de sobreprecios en la referida operación, teniendo en cuenta que el Intendente alquiló con opción de compra 100 contenedores a un valor de U$D 286.080 y según el presupuesto adjunto la adquisición definitiva de 100 contenedores de las mismas características le costaría al municipio U$D 134.200 o sea un 114% menos de lo contratado”.
“Es lamentable que el Intendente Gennuso declare que hace esto porque “hay que mejorar la ciudad y llevarla a los estándares internacionales que necesitamos”, los estándares que necesitamos alcanzar son los de la transparencia en el gasto y en el manejo de las cuentas públicas”manifestó la candidata a intendenta Andrea Galaverna.
Por su parte el referente del Frente Grande, Julio Accavallo planteó que “el Tribunal de Contralor debe actuar rápidamente para frenar un presunto perjuicio de más de U$D 150.000 a los recursos municipales que se podrían ocupar en atender las graves urgencias sociales que atraviesa la ciudad”.
