La presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Cynthia Benzión, entrevistada en “Justicia en Sintonía”, Radio Nacional Resistencia, explicó las razones por las que pidieron informes a la Corte Suprema de Justicia. El pedido es para que se rinda cuentas del Fondo Anticíclico creado por la Acordada 34/2008. El Fondo fue creado para atender situaciones de excepción y poder mantener el servicio de justicia con eficacia y celeridad.
La Asociación remarca que el fuero laboral está siendo desatendido y la falta de recursos destinados los juzgados laborales genera importantes atrasos en la tramitación de las causas. “Esto tiene una intencionalidad política, porque la demora de los pleitos de esta manera perjudica al trabajador y beneficia a las empresas. Porque ese dinero que las empresas tendrían que destinar al pago de sentencias laborales está trabajando financieramente en algún lugar”, explicó Benzión refiriéndose al lobby empresario. Esto genera que la indemnización laboral llega tarde perdiendo su capacidad de compra.
Enumeró los problemas edilicios que tienen los juzgados laborales. Espacios muy pequeños, sobrecarga de peso por acumulación de expedientes, falta de ascensores,
Además se suma la suspensión de más de 150 mil audiencias, según una estimación que realizó la misma asociación. “Esto termina siendo un acumulado de ineficiencias varias que extienden los plazos de los juicios, de dos años a 5 o 7 años”, afirmó.
“La Corte Suprema no hace pública la evolución de este Fondo. A veces, estas cosas se saben por conversaciones en los pasillos. Lo que publica es cómo ejecuta su presupuesto anual pero no la rentabilidad de este fondo, cómo se va incrementando”, afirmó Benzión. De la contestación del informe surge que el monto total asciende a 30 mil millones de pesos, pero el grueso de la información solicitada no fue enviada y se derivó al Consejo de la Magistratura para que brinde el dato de cuánto invirtió o qué gastos realizó para atender la excepcionalidad.
“Las decisiones que se toman sobre este monto enorme de dinero tienen que ver con cuestiones internas entre los propios miembros de la Corte Suprema. En los partidos que juegan ellos entre ellos y en general con los diferentes sectores de poder, no está puesto como prioridad lo que debería estar que es brindar un servicio de justicia del trabajo que proteja a los trabajadores y más en las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran cuando son despedidos o se enferman”, valoró la abogada.
