POLÉMICA POR UNA RESOLUCIÓN OFICIAL JUEGO DE DAMAS

Reclaman asistencia económica para los trabajadores sexuales

El jueves pasado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que incluía la opción "trabajadores sexuales". Quienes se reconocen así celebraron la medida, pero quienes la rechazan porque sostienen que se trata de una forma de blanquear la violencia se opusieron fervientemente y, finalmente, la resolución se dio de baja.

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Diana Maffía

La secretaria General Nacional de AMMAR y militante por los derechos Humanos y Laborales de l@s Trabajador@s Sexuales, Georgina Orellana, había expresado a través de Twitter: "Ayer en menos de cinco horas 800 Trabajadorxs Sexuales se inscribieron al Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular,otrxs quedaron en el intento. Era la primera vez que en un registro estatal nos podíamos inscribir con el trabajo que verdaderamente realizamos".

"Es un hecho bastante complejo porque intervienen muchas cosas allí. Efectivamente, fue un avance de uno de los movimientos de Economía Social; es cierto que las personas en prostitución están en situación especialmente vulnerable. Pero hay, tanto en el movimiento de mujeres como en las organizaciones de las propias personas en prostitución, un debate muy intenso, y es ¿de qué hablamos cuando hablamos de prostitución?", explicó Diana Maffía, la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Juego de damas, la investigadora dijo este listado que pone a las personas bajo esta denominación "ignora la discusión entre las propias personas que están en prostitución" e "invisibiliza a quienes no se definen como trabajadoras sexuales.

A su vez, dijo que la demanda, que se hace sólo en nombre de las trabajadores sexuales, dejando de lado a quienes no se consideran de esa manera, "estamos haciendo una división en el campo popular penosísima".

Como conclusión, Maffía respaldó la decisión de bajar la primera resolución porque "legitima el proxenetismo, la explotación y la mercantilización de los cuerpos", pero advirtió que "no alcanza con bajar estos ítems" si no se les da a las personas en prostitución una asistencia económica.

"Estamos esperando que la situación de prostitución sea reconocida como una vulnerabilidad, como una situación que debe ser socorrida desde el Estado y que la respuesta sea inmediata", subrayó.