Piden la prórroga de la norma que suspende desalojos de familias campesinas y productoras, una realidad que aumentó durante la pandemia. Diego Montón, miembro de la Unión de Trabajadores/as Rurales sin Tierras detalló en Temprano es Mejor cuál es la situación en Mendoza: "es significativa para gran parte de la pooblación rural de la provincia. Hay muchas irregularidades en torno a la tenencia de la tierra. Tanto en el secano como en los distintos oasis hay superposiciones de tìtulos y de mensuras. También familias de la agricultura familiar que tienen derechos posesorios que no se respetan. Así se dan despojos y desalojos, muchos con visibilidad, otros lamentablemente no, lo que profundiza el éxodo rural", explicó.
La ley que protegía a las familias tuvo lugar en 2014, cuando se declaró "Año Internacional de la Agricultura Familiar". En ella se plantea la suspesión de todos los desalojos durante ocho años. "Vencido ese plazo es necesario que se renueve porque no se avanzó en ese sentido", dijo Montón. También se plantea la regularización dominal de los puesteros, una característica propia de Mendoza.
A esta grave situación se le suma que las familias agricultoras pierden su lugar de producción, no solo de vivienda, por lo que se ven afectados "el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo", sostuvo el referente.
Se pide que la rpovincia cree además su proria norma, ya que ni si quiera ha adherido a la nacional.
