Gustavo Farquharson titular del INADI, Salta en diálogo con NORTE GRANDE, sostuvo que la delegación emitió un comunicado por la preocupación de respaldo de la Provincia a las prácticas de violencia institucional. "Tanto el Jefe de la Policía como el Ministro de Seguridad recibieron al policía condenado por homicidio, Luis Chocobar", denunció.
"Tenemos historia en violencia policial, de hecho en lo que va del año tenemos más de mil denuncias por abuso de fuerza. Acá lamentablemente no se conformó todavía el Comité de Prevención a la Tortura y Malos Tratos, tampoco hay voluntad política de constituirlo. Ellos mismos declaran que vienen a estrechar lazos con la policía de Salta, y eso demuestra que el gobierno va a acompañar el hecho que Chocobar asesore en materia de seguridad a la policía siendo un efectivo juzgado y condenado. Es apología al delito", afirmó.
Farquharson dijo que "el gobierno dice que no pueden negarle el ingreso a Chocobar porque es un ciudadano que pidió audiencia, perfecto. Pero nunca vimos al gobierno recibir a las víctimas del gatillo fácil, me parece lamentable. Haberlos recibido es un mensaje muy grave. Entiendo a las personas que fueron víctimas de delitos como robos o violencia que manifiestan su apoyo a policías como Chocobar, pero el Estado tiene una responsabilidad mayor; tiene que ponerse por encima de ese dolor y resolver los problemas que atraviesa la sociedad. Recibir a alguien o no, marca una línea o mensaje de hacia dónde va la política de Estado. No es la primera vez que sucede. El año pasado se emitió un decreto que le daba márgenes extraordinarios a la policía sin necesidad de dar aviso a la justicia".
"La policía es una herramienta de la justicia, no es independiente. Afortunadamente ese decreto quedó sin efecto, pero marcó a las claras cuál es la visión de política de seguridad para el gobierno provincial", dijo. "Producto de la pandemia se han fortalecido los mecanismos de control. Eso hizo que en provincias como las nuestras hayan generado excesos policiales que siempre sin ejercidos hacia la misma población como los sectores más vulnerables, inmigrantes, personas del colectivo LGTBIQ", agregó.
"También se han recibido muchas denuncias en el ministerio público fiscal y la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos. No responsabilizo a un gobierno provincial por esta problemática, pero tenemos que cambiarlo. Si la respuesta es negar lo que sucede, empezamos mal. Muchas veces uno discrimina sin saberlo y cambiar esas prácticas demandan mucha formación y preparación. No es fácil porque vivimos en una provincia compleja en donde hay padres que se niegan a que sus hijos reciban educación sexual integral, y ni hablar de la IVE", aseveró.
"A las provincias del Norte nos une un pasado, una historia y un presente, por ello muchas veces nos atraviesan también muchas problemáticas con sectores de la sociedad muy vulnerables como los pueblos indígenas. Los funcionarios deben capacitarse con perspectiva indígena", concluyó.
