El Gobierno nacional reglamentó nuevos aspectos de la Ley de Modernización Laboral mediante los decretos 407, 408 y 409/2026, que introducen cambios en las indemnizaciones, la registración laboral, las licencias médicas y los mecanismos para promover el empleo formal.
Una de las principales novedades es la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir el 1 de noviembre.

El nuevo sistema estará destinado a trabajadores registrados del sector privado y funcionará mediante aportes mensuales de los empleadores a cuentas individuales administradas por fondos comunes de inversión o fideicomisos autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los aportes serán canalizados a través de ARCA y solo estarán alcanzados los trabajadores registrados al menos doce meses antes de la finalización del vínculo laboral.

Cuando se produzca una desvinculación laboral, la entidad administradora transferirá directamente la compensación al trabajador, mientras que el empleador continuará siendo responsable del cálculo de la indemnización.

El régimen también contempla mecanismos de portabilidad entre fondos, beneficios impositivos para las empresas adheridas y sanciones para quienes incumplan con los aportes obligatorios.

Además, se estableció que la registración de trabajadores será completamente digital a través de los sistemas de ARCA, eliminando la obligación de llevar libros laborales.

También se reglamentaron nuevos requisitos para los recibos de sueldo, que deberán detallar de forma clara el costo laboral total y los conceptos abonados.

La normativa incorpora licencias médicas electrónicas, nuevos procedimientos de control sanitario, reglas actualizadas para las empresas de servicios eventuales y cambios en los mecanismos de negociación colectiva entre empleadores y sindicatos.

Asimismo, ANSES deberá informar a los empleadores sobre el inicio y finalización de los trámites jubilatorios.
Por último, el Gobierno reglamentó un régimen de promoción del empleo registrado.

Este incluye planes de regularización laboral, reducción de sanciones y beneficios para las empresas que formalicen trabajadores o regularicen situaciones pendientes, con el objetivo de simplificar los procesos laborales, fomentar la registración y fortalecer el empleo formal.