Mendoza acordó con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) - ex Renar- la entrega de 7.000 armas judicializadas para su destrucción. En apenas 6 meses, se lograron registrar 3.500 en el Poder Judicial, utilizadas en delitos, y otras 3.500 en el Ministerio de Seguridad, que corresponden a una baja de dotación policial, según fuentes oficiales. El convenio también dispone que las personas procesadas por violencia de género no puedan ser autorizadas a tener o portar armas de fuego.
El procurador Alejando Gullé explicó en Radio Nacional Mendoza los detalles del convenio:
