Autoridades de las secretarías de Derechos Humanos de distintas provincias expresaron su preocupación ante el accionar del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y exhortaron a que “las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho” en la provincia.

En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Matías Moreno señaló que el gobierno del radical, "tiene como única respuesta a la protesta social, la criminalización y la judicialización", al tiempo que repudió la detención de abogados, y señaló que va incluso "en contra de lo que dictamina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

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En un comunicado difundido este sábado 15 de julio, los funcionarios expresaron su “preocupación ante el creciente deterioro del estado de derecho y falta de respeto a las garantías constitucionales en la hermana provincia de Jujuy”.

En el texto se describe que en las últimas semanas en la provincia mencionada ha habido una “criminalización del reclamo y la legítima protesta social, detenciones arbitrarias, formación de causas penales a decenas de militantes y dirigentes sociales y políticos, por participar en manifestaciones populares; inteligencia, espionaje y persecución naturalizada y sistemática contra opositores políticos y referentes de sectores sociales; estigmatización y persecución a comunidades originarias y dirigentes sindicales”.

Además, en el documento se califica como “gravísimo hecho” el ingreso de la policía provincial al edificio de la Universidad Nacional de Jujuy y destacan que ese accionar está “lesionando y vulnerando la condición histórica de la Autonomía Universitaria”.

En este sentido, consideran que todas estas acciones “son muestras de un avance autoritario del gobernador (Gerardo) Morales y funcionarios judiciales sobre la población jujeña”.

En el comunicado se expresa que merece “una mención especial el avasallamiento de la institucionalidad con la detención del abogado penalista Alberto Nallar”.

En esa línea, se indica que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace hincapié en la falta de democracia cuando son perseguidos los defensores”.

"Duele e indigna que, cumpliendo 40 años de democracia, después del genocidio producido por el Terrorismo de Estado que asoló la Patria, regrese la violencia represiva y la persecución política por parte del Estado”, destaca el comunicado.

En esa línea se añade que “en nombre de Nunca Más, no podemos callarnos frente a esta situación, en defensa de la democracia que supimos conseguir y que la vemos en grave riesgo en la provincia de Jujuy”.

“Pedimos y abogamos para que las instancias institucionales competentes, actúen para recuperar la paz y el estado pleno de derecho en la provincia hermana de Jujuy”, concluye el texto.

El documento fue suscripto por Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Delfor "Pocho" Brizuela, Secretario de Derechos Humanos de La Rioja; Carlos Goya, director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan; Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe; Clarisa Botto, subsecretaria de Derechos Humanos de San Juan; Marcelo Acosta, director General de Promoción de Derechos Humanos La Rioja; y Erica Brunotto, secretaria de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán.

También por Daniel Paduan, subsecretario Derechos Humanos Entre Ríos; Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz; Abigail Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego; Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos de Catamarca; Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de Chaco; Juan Pablo Fasce, secretario de Derechos Humanos de La Pampa; y Evangelina Saizar, secretaria de Derechos Humanos de Rio Negro; Mario Cugura, subsecretario de Derechos Humanos de Chubut.