El 26 de junio de 2002, un operativo policial intentó impedir que organizaciones de desocupadas y desocupados cortaran el Puente Pueyrredón, que une la localidad bonaerense de Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires.
La medida formaba parte de un plan de lucha que llevaban adelante los movimientos sociales en demanda de planes asistenciales y el aumento del monto de los mismos, entre otras reivindicaciones, en el contexto de la crisis de diciembre 2001.
El gobierno del entonces presidente interino Eduardo Duhalde ordenó reprimir aquella protesta a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Federales, es decir, Policía, Gendarmería y Prefectura; la policía bonaerense y ex integrantes de esa fuerza.
Los máximos responsables políticos a nivel nacional y provincial expresaron que no iban a permitir que los piqueteros corten los accesos a la capital.
Aquella represión derivó en el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó cerca de ochenta personas heridas, treinta de ellas con balas de plomo además de centenares de detenidos.
Los hechos estuvieron precedidos por una campaña desarrollada a través de los medios masivos de comunicación que demonizaban a algunas organizaciones de desocupados y por declaraciones de funcionarios públicos que iban en igual sentido.
Recién con el paso de los días, Clarín publicó la secuencia fotográfica completa que más adelante sirvió para condenar a los autores materiales de los asesinatos, pero ya se habían sucedido movilizaciones repudiando la represión estatal que obligaron a Eduardo Duhalde a anunciar el acortamiento de su mandato.
Maxi y Darío fueron asesinados a manos del entonces comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, en el hall de la estación Avellaneda, hoy renombrada "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki" y, ambos fueron condenados en 2006 a prisión perpetua.
Sin embargo, el sistema judicial no avanzó en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos que ordenaron aquella represión.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro; fue archivada en 2010 y desarchivada en 2014 a pedido de los familiares de las víctimas.
A cargo del juez federal Ariel Lijo, tiene como imputados al ex canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y al ex secretario de seguridad Juan José Álvarez, entre otros.
Recordamos esta fecha y reconstruimos aquellos hechos a partir de las voces de las y los protagonistas, conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional, a partir de una selección y edición de Fabián Panizzi.
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