Se debe a una Acordada de la Suprema Corte de Justicia que dispone que los exámenes de ADN sólo se realizarán en la capital provincial, lo que ha provocado el rechazo del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial.
Martín Buscemi, que preside la entidad, explicó que una acordada es una resolución de la Corte. Ésta “salió en agosto y establece que de ahora en más las pruebas de ADN se van a realizar únicamente en Mendoza Capital en una universidad en donde tienen convenio”, y aclaró que “estas pruebas, generalmente, se utilizan en juicios en donde se está analizando la filiación de una persona, o sea, un menor que reclama a un padre o hay algún padre que reclama por un menor”. 
Hay que tener en cuenta que, muchas veces, la gente que está pasando por estos procesos judiciales carece de fondos “y el Estado le permite a través de distinta normativa, acceder de manera gratis.” Hasta los primeros días de agosto, las pruebas (de todo el Sur) las tomaban en San Rafael y después iban a Mendoza y ahí se realizaban los exámenes.
Buscemi entiende que el cambio “es una locura, tiene una gravedad institucional muy importante”. El problema reside en la dificultad económica y de otras índoles que presenta la resolución dado que para poder hacer las pruebas de ADN, ambos padres y el menor deben trasladarse a Mendoza y coincidir en día y horario, “perder un día de trabajo, afrontar los gastos de traslado y el costo del estudio (si no tienen beneficio) además de tener que estar los tres presentes.”
El presidente del Colegio de abogados dijo que han enviado dos notas, al procurador y al presidente de la Corte, y están a la espera de una respuesta a la segunda misiva, ya que aún no han obtenido ninguna. “Ya estamos trabajando con la comisión de familia para ver las acciones a seguir si no tenemos respuesta –dijo- porque la verdad es que los juicios de filiación en San Rafael, General Alvear y Malargüe, están paralizados.”
Por otra parte, el abogado señaló que la Acordada esgrime fundamentos puramente económicos “que choca mucho con la realidad de la gente”, no ha previsto la situación del interior de la provincia, además de implicar sólo un ahorro de poco más de $200 “y es un retroceso con todas las gestiones que se vienen haciendo en la justicia para acelerar los procesos”- lamentó Buscemi.
