Cecilia Bustos Moreschi, Fundeps Córdoba

“Los espacios sociocomunitarios son una alternativa más igualitaria”

Fundeps junto al espacio Economía Feminista de Córdoba presentó un informe que releva las experiencias autogestivas de la ciudad de Córdoba y el Valle de Punilla, con el objetivo de conocer estas experiencias como alternativa a la economía capitalista hegemónica.

En diálogo con Nacional Córdoba, Cecilia Bustos Moreschi, Coordinadora de Géneros y Diversidad Sexual de Fundeps, destacó la importancia de los espacios sociocomunitarios en contextos de crisis ya que “presentan alternativas que intentan ser más justas e igualitarias”. El informe relevó 16 espacios principalmente integrados por mujeres y feminidades, cuya conformación surge a partir de la exclusión del mercado laboral. En esta línea, según datos del Renatep (Registro de Trabajadores de la Economía Popular) “los sectores de la economía popular están principalmente conformada por mujeres e identidades feminizadas justamente por las desigualdades del mercado laboral y porque intentan salir de esas dinámicas inequitativas e injustas”, apuntó Bustos Moreschi.

El informe repasa diversos ejes, como la forma de participación en los espacios comunitarios y autogestivos, los trabajos reproductivos y de cuidado que sostienen las organizaciones, y el rol del Estado en tanto generador de políticas públicas que apoyen otras formas de economía. Consultada acerca de la sostenibilidad de estos espacios, Bustos Moreschi apuntó a la necesidad de buscar “otras formas de organización económica que entienda que los recursos son limitados y que dependemos del entorno. Y en ese sentido, es necesario buscar una alternativa. Estos espacios existen, muchos surgidos al calor de las crisis socioeconómicas del país, y debe haber un acompañamiento del Estado a estas iniciativas”. Además, resaltó la necesidad darle un enfoque estructural a las políticas públicas estatales para que no recaigan en mero asistencialismo.

A lo largo del relevo de las organizaciones, el equipo de investigación identificó la importancia de que el Estado garantice el acceso a la información pública y a la tecnología, ya que existe una brecha de género que obstaculiza que las organizaciones sociales puedan llegar a esas políticas públicas.

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