La referente local del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Excluidas (MTE), Paola Oyarzo, se refirió al contexto actual de las organizaciones sociales ante el nuevo gobierno nacional en nuestro país. A tan sólo una semana de gestión del Presidente Javier Milei, los Ministerio de Seguridad y Ministerio de Capital Humano a cargo de Patricia Bullrich y Sandra Pettovello respectivamente, anunciaron políticas respecto a las manifestaciones públicas en las calles y las y los beneficiarios de los programas destinados a sectores vulnerabilizados.
En las últimas horas, la Ministra de Capital Humano de la Nación anunció, entre otras medidas, que quienes se manifiesten con cortes de vías de circulación y sean beneficiarios de los programas sociales no cobrarán el monto de dichos programas. Esta medida se acopla a lo enunciado por la Ministra de Seguridad de la Nación respecto al Protocolo de Mantenimiento del Orden Público.
El MTE hace muchos años que trabaja en articulación con la Secretaría de Integración SocioUrbana de la Nación, antes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ahora nucleado en el Ministerio de Capital Humano. Desde la organización social, en El Bolsón, mantienen en funcionamiento -mediante trabajadores populares de la construcción- dos principales obras públicas: una en el Paraje La Aldea, en Los Repollos; y otra en el Barrio conocido como “Toma de agua del Departamento Provincial de Aguas”. Una corresponde a la construcción de un galpón de acopio y sala de faena, y la otra a la construcción de un Centro Comunitario, además de la instalación eléctrica intradomiciliaria de algunos hogares en diferentes barrios de la localidad.
En conversación con Radio Nacional, Paola Oyarzo relató la sensación de “incertidumbre” que atraviesan. De esta manera, recordó que cada vez que no reciben los compromisos que el Estado asumió en sus gestiones con las organizaciones barriales, éstas se manifiestan en las calles, en ejercicio del derecho constitucional a la protesta. A su vez, Oyarzo enfatizó en el reclamo de creación de un banco de alimentos donde las distribuidoras alimentarias puedan donar secos y frescos, para responder a la creciente demanda de los once comedores y merenderos que sostienen desde la organización.
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