Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que contaba con media sanción del Senado. Por esta norma, los magistrados y funcionarios equiparados por ley o que tengan rango constitucional, sólo acumularán años para el cómputo de la antigüedad hasta el momento de cumplir los requisitos previstos en la legislación nacional para obtener el beneficio jubilatorio.
Emiliano Campos, miembro informante de la UCR, sostuvo: "quedan comprendidos en este tope los miembros de la Corte Suprema y todos los magistrados del Poder Judicial, lo propio del Ministerio Público Fiscal, los miembros del Tribunal de Cuentas, el contador general de la provincia, el tesorero general de la provincia, el asesor de gobierno y el fiscal de Estado. Estas personas que van a poder seguir trabajando, aún cumplida la edad y los requisitos, pero no van a poder sumar a sus dietas el ítem de antigüedad.
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