Matías Martínez detenido e imputado por el femicidio de Úrsula Bahillo es policía. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Es una suerte solapamiento entre la violencia de género y la violencia institucional", explica Victoria Darraidou, Lic. en Ciencias Políticas, Coordinadora del equipo de violencia institucional del CELS. La portación del arma reglamentaria o las respuestas corporativas de la propia fuerza de seguridad que debe receptar las denuncias o investigar los hechos agravan el riesgo para las mujeres en situación de violencia cuando su agresor es un integrante de las fuerzas de seguridad.
Martínez estaba desarmado y con carpeta psiquiátrica tras acumular varias sanciones y traslados. "En varios casos, que pareciera ser que en este caso también se dio, lo que hacen es desplazar de funciones de un lugar a otro al policía y lo que hacemos es desplazar el problema, no evitar y resguardar a las víctimas", señaló.
La especialista sostuvo que al igual que en otras instituciones en la policía "se ven claramente las situaciones de desigualdad de género, de discriminación y de abuso sobre las mujeres y disidencias" y agregó que se debe cambiar "desde la formación y desde las prácticas cotidianas que hacen que esas lógicas se repliquen".
Además remarcó que es necesario desplegar respuestas estatales "que estén coordinadas, que tengan capacidad de monitoreo y que puedan prevenir y poner en resguardo a las víctimas".