La defensa la llevaba a cabo Andrea Reile, perteneciente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y el presidente de la regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ezequiel Palavecino.
La APDH, a través de un comunicado, expresó que “históricamente y luego de la intervención tras el asesinato de Rafael Nahuel, la APDH tomó la representación de los padres de Rafael y se encuentra querellando en esa causa, como también en su calidad de organismo de derechos humanos. De la misma manera, tiene la defensa de diferentes causas que involucran a otras comunidades de pueblos originarios de la zona”.
El texto agrega que “con referencia a la comunidad Lafken Winkul Mapu ha estado siempre asesorada por la Gremial de Abogados, a la que respetamos en su actuación profesional, pero dada la urgencia ocurrida el 4 de octubre (fecha del desalojo) tanto la LADH como la APDH no dudaron en asumir la defensa de las compañeras y ocuparse de los menores que quedaban en el territorio hasta que los abogados de la Gremial han retomado la totalidad de las defensas de las compañeras aún privadas de su libertad”.
El comunicado concluye diciendo que destaca “que es fundamental la coordinación y trabajo conjunto de los organismos de derechos humanos en la lucha contra la violencia institucional y/o violaciones de los derechos humanos, como ocurrió en este caso con la LADH y la APDH, tarea que ha sido enormemente enriquecedora con una clara voluntad de militancia solidaria e integradora”.
Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, se refirió al estado de la causa y el trabajo que lleva adelante la organización.
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