Lo que comunmente se conoce en Argentina como "Planes sociales" son leyes nacionales, aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo, que garantizan la distribución de la riqueza y contribuyen a la economía popular.
Juan Farías, dirigente en San Martín de los Andes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), explicó el funcionamiento del sistema de financiamiento de emprendimientos sociales y desmitificó la idea de que las organizaciones son "planeras" que reciben "ayuda" del Estado.
En el espacio semanal de la UTEP por la Radio Pública, Farías señaló que la gran mayoría de los fondos que se destinan a la economía popular provienen de leyes nacionales y que el Estado sólo destina fondos propios al plan Progresar (becas para jóvenes) y al programa Potenciar Trabajo.
Para desmentir los conceptos de estigmatización de la economía popular, Farías recordó que el programa Potenciar Trabajo no representa siquiera el 1% del presupuesto anual y menos del 0.05% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
"Se va mucho más dinero en subsidios a las empresas con grandes ganancias del país, subsidiando la energía, el combustible y el transporte", señaló el dirigente de la UTEP.
Agregó que una ley nacional de salario universal -una demanda de la UTEP- generaría un ingreso mínimo y garantizaría el derecho básico económico de todas las familias en el país, pertenezcan a los sectores sociales y económicos que sean.