Califican como "delito de lesa humanidad" el accionar del Gobierno jujeño

La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó su informe final sobre la "actuación represiva" desplegada en junio pasado por "las autoridades de la provincia de Jujuy" contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional, y tipificó la "vulneración sistemática y generalizada" de los derechos de los manifestantes como "delitos de lesa humanidad".

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En su columna, Gustavo Campana reflexionó sobre "la violencia antidemocrática del reino de Gerardo Morales" y compartió con los oyentes algunos fragmentos del informe de 75 carillas.

"El Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño", sostuvo la Misión.

Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH", agregó.

También observó que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron "gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales".

La Misión planteó que las autoridades jujeñas no sólo "no garantizaron derechos" de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante "una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil".