Hace unos minutos se escuchó en esta emisora la palabra del doctor José Iparraguirre, dirigente de Derechos Humanos de la provincia, en relación a la muerte del joven Erik Valdez, quien fue encontrado sin vida, con signos evidentes de tortura, en una dependencia de la comisaría segunda de la ciudad de Concordia. Se trataría, a todas luces, de una detención ilegal. Una más, en una provincia con una larga tradición en abusos policiales. Muchos de los cuales suelen quedar impunes.
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos emitió al respecto un documento en el que se cuestionó la escasa información que ha trascendido hasta el momento sobre el caso y se advirtió sobre “una gravedad institucional extrema”. Al respecto, enumeraron una serie de elementos:
- El joven fue hallado sin vida en una comisaría no habilitada para alojar a personas detenidas.
- El cuerpo de Erik evidencia visibles signos de torturas y vejaciones aberrantes.
- Las autoridades policiales no cumplieron con su obligación de dar aviso correspondiente a la fiscalía ni a la defensoría de dicha detención, quienes se enteraron de los hechos tras el deceso de la víctima, por lo cual caracterizamos -dijeron- a esta detención como ilegal.
- Erik, al momento de su deceso, se encontraba en la celda de la comisaría segunda con sus zapatillas, los cordones puestos y el cinto que sostenía su pantalón por lo que se infiere que el personal de esa dependencia omitió llevar a cabo los protocolos de actuación establecidos para la detención de personas y evitar que puedan llevarse a cabo acciones de autodeterminación.
“Entendemos que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático”, dice el documento.
A todo esto, hay que agregar denuncias de hostigamiento a familiares, intimidaciones, agresiones y amenazas a los amigos del joven, por efectivos policiales.
El caso viene a agregar un dato nefasto, otro más, a los que a nivel nacional se vienen presentando en días recientes. Con la muerte del joven Lucas González, asesinado de un balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; o la de Luciano Olivera, también asesinado por un policía, en Miramar. Para citar solo dos casos de gatillo fácil, en el marco de una política generalizada de abusos, que no se soluciona diciendo, como algunos políticos pretenden, que se trata solo de algunos policías malos, a los que hay que separar del resto, que sería una mayoría buena. A esta altura nadie puede hacerse el distraído sobre cómo se forma un policía, sobre cuál es su instrucción; pero también sobre en qué jerga, en qué marco ideológico se maneja un agente, sea jefe o subordinado. Cuáles son los valores que se potencian y cuáles los que se reprimen en el día a día de la institución y su relación con la sociedad. Sobre todo, con los sectores más vulnerables, de los que no pocos policías provienen. Tampoco sobre el poder y el autogobierno. Sí, hay que hablar de autogobierno y creo que nadie debería sentirse especialmente ofendido. Si no, de qué hablamos cuando un montón de patoteros con uniforme salieron por la ciudad a tocar sus sirenas después de sacar del calabozo a sus colegas, claramente sospechados de matar de un tiro en la nuca a Gabriel Guzmán, en barrio Capibá. Los detalles y vicisitudes de ese autogobierno policial podrían ser materia de varios tomos, que no hacen a este comentario. Pero lo que debe quedar claro es que no estamos ante un problema moral. No se trata de separar a los buenos de los malos. Se trata de profesionalizar una fuerza que arrastra prácticas, saberes, técnicas, mañas, de otras épocas, que nada tienen que ver con el estado de derecho. A 38 años de democracia, una de las tantas deudas que se ha tornado inadmisible.
Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.
