ECOS CRIMINALES

La Masacre del Pabellón Séptimo



Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta edición de Ecos Criminales, recordaron la feroz represión ocurrida el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 del penal de Devoto que dejó 65 personas privadas de la libertad muertas y 88 heridas de gravedad.

Aquel hecho constituyó la peor masacre ocurrida en una cárcel argentina y el 9 de octubre de 2023 comenzó el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de CABA impulsado por las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’Alessandro.

En diciembre de 2025, fueron condenados a 25 años de prisión dos de los tres expenitenciarios juzgados: el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, y el exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez.

A propósito de este caso, dialogaron con la Dra. Natalia D´Alessandro, que integró la querella en representación a sobrevivientes y familiares.

"Fue un largo camino en busca de justicia", reflexionó, pero "logramos la condena".

"Fue una masacre del Servicio Penitenciario Federal encubierta por la justicia".

Tras una discusión entre un guardiacárcel y un detenido, casi 70 oficiales del Servicio Penitenciario Federal ingresaron al Pabellón Séptimo con palos, gases lacrimógenos y armas de fuego.

Allí golpearon ferozmente a los detenidos, quienes utilizaron camas y colchones como si fueran escudos.

Durante el enfrentamiento se produjo un incendio cuyas causas aún se desconocen; el personal penitenciario cortó el agua e impidió la entrada de los bomberos.

El pabellón se nubló en un segundo y muchos probaron trepar hasta los ventanales para buscar aire pero seguían siendo reprimidos.

Durante años, el hecho fue conocido como el “Motín de los Colchones” y la versión oficial intentó responsabilizar a las personas privadas de la libertad.

La causa judicial fue archivada hasta que en 2013 la justicia federal ordenó su reapertura a instancias del sobreviviente Hugo Cardozo.

En 2014, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal consideró que el hecho constituía un crimen de lesa humanidad.