En octubre del 2017, el gobernador Alberto Rodríguez Saá y varios integrantes de la cúpula del Gobierno provincial fueron denunciados por haber entregado en tiempo récord un subsidio de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas que preside Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá.
Los fondos del Estado provincial fueron transferidos a la entidad durante la campaña electoral en la que los hermanos Rodríguez Saá fueron candidatos a senadores nacionales titular y suplente por el Frente Unidad Justicialista.
Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que en la causa por la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y fraude en perjuicio de la administración pública, intervenga la Justicia Federal.
Además del gobernador, están sospechados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y Vartalitis.
El doctor Roberto Pagano, quien patrocina al diputado Alejandro Cacace y a otros legisladores provinciales, habló en Amanecer Informados y sostuvo que si la Justicia se pronuncia, el dinero debería "retornar" a la provincia. Además explicó detalladamente cómo fue el proceso judicial iniciado.
Por su parte el titular de la bancada del bloque San Luis Unido en la Cámara de Diputados, Alejandro Cacace, dijo en Dale Que Va que la investigación al estar en la Justicia Federal da "mas garantías" que "en la justicia de San Luis donde el gobierno maneja a los jueces".
Gisela Vartalitis y los hermanos Rodríguez Saá
