Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex combatientes Islas Malvinas en La Plata, CECIM, se refirió a la decisión de la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto que suspendió las 18 declaraciones indagatorias de militares acusados de cometer actos de torturas durante la guerra de Malvinas de 1982, previstas entre el 27 de junio y el 4 de julio.
"Nos sorprendió esta decisión por que nosotros veníamos conversando con el secretario del juzgado", sostuvo Alonso y agregó que "la Dra. Borruto hace 25 años que trabaja en el juzgado; no es una persona que venga de otro jurisdicción".
Destacando nuevamente la sorpresa de la medida, Alonso dice "no entender cual fue el cambio para tomar esta decisión, en la que se pone como moneda de cambio a las víctima que esperan hace 12 años de iniciada la causa, y 37 años de producidos los hechos".