Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del centro de estudios legales y sociales, CELS, dialogó con “A las fuentes” respecto al informe publicado por dicha institución, en el que se trata la coordinación represiva sobre el pueblo Mapuche.

Explica que el proceso iniciado por el estado de Chile desde el año 2000 sobre la Araucanía comenzó a trasladarse desde el 2015 hacia la Patagonia Argentina con una estructura similar, en la que se intenta identificar al pueblo Mapuche como un problema de seguridad nacional, todo ello atado a intereses particulares de empresas y sectores tradicionales de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Indica que este informe busca ser un instrumento de discusión para las comunidades y organizaciones sociales de la Patagonia poniendo en primer plano el carácter reivindicativo de la tierra al que tienen derecho las comunidades mapuches.

Asimismo, Morales destaca el uso coordinado del término “Suvbersivo” aplicado a la etnia Mapuche, instalando la necesidad de tomar decisiones que afectan derechos  y tareas de investigación con menores garantías de las que un proceso penal requiere, contando en Chile con más de siete activistas asesinados por fuerzas de seguridad y otros 11 asesinados por terceros, hechos que lamentablemente comienzan a trasladarse  a nuestro país, principalmente en Chubut y Río Negro

Respecto al accionar del gobierno nacional, detalla que el mismo decide intervenir en el territorio a través de mesas de diálogo y hoy estamos discutiendo la renovación de las ley 26260 del 2006, que suspende los desalojos y obliga al estado a un correcto relevamiento, con muchas instancias judiciales a la espera de la resolución de esta ley para definir el curso de procesos en marcha.

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