Desde el organismo se elevó una nota al intendente de Paraná Adán Bahl en la que se expresa la preocupación que genera en la Defensoría del Pueblo la decisión del Ejecutivo municipal de ampliar una denuncia contra las personas que protestaron por el ensanche de calle Racedo e impidieron el normal trabajo de la empresa privada contratada.

La defensora del Pueblo, Marcia López, indicó que el Municipio solicita a través de la justicia que las entidades y personas que participaron de la protesta y frenaron la obra, se hagan cargo del monto indemnizatorio demandado por la empresa contratista por los días en que permanecieron paralizados los trabajos. Además, señaló que la Comuna solicitó a la Defensoría del Pueblo que brinde información de las personas que asistieron a las dos reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron a instancias de esta institución entre fines de marzo y primeros días de abril, de las que el municipio fue partícipe activo.

“Creemos que esto es criminalilzar el derecho a la protesta”, expresó López quien agregó que el proceder de Municipio “se contradice con la voluntad al diálogo que había tenido”.

Por último, adelantó que desde la Defensoría del Pueblo “estamos trabajando en brindar una recomendación al municipio sobre la participación social de los proyectos relacionados al medio ambiente”.