Lo confirmó la doctora Verónica Heredia, quién se constituyó como defensora de las enfermeras allanadas el pasado 16 de febrero, y aseguró que con el cambio de competencia no se descarta plantear la nulidad de los procedimientos. La abogada además reclamo los teléfonos secuestrados a las mujeres sobre las que no pesa acusación.
“Desconocemos las razones del juez (Caviglia) para declinar su competencia hacia la justicia federal, una vez más dejan a las mujeres allanadas sin posibilidad de defenderse ni conocer las razones de esta causa. Con total desconocimiento del 16 de febrero, cuando fueron los allanamientos, nos notificaron hace rato que el juez declinó su competencia que es lo primero que tendrían que haber evaluado", explicó.
En ese tono dijo que "ahora veremos que resuelve la Justicia Federal con los celulares secuestrados de las mujeres que es lo único que necesitan para seguir trabajando”, explicó, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
En este sentido, la doctora Heredia, remarcó: “Creemos que es lo primero que tendría que haber evaluado el juez, que no era competente, desconocemos que razones tuvo para avalar el pedido de allanamientos del Ministerio Público y porqué ahora dice que debe decidir la Justicia Federa”.
“En principio los secuestros se dieron como objeto de investigación el robo de las vacunas eso siempre debió ser federal, no puedo evaluar la decisión del juez para los allanamientos del 16 porque no tengo acceso a la causa para conocer los fundamentos “, sostuvo y reclamó por los teléfonos que en el marco de pandemia son pieza fundamental de monitoreo para las enfermeras en su trabajo.
Asimismo recalcó: “Las trabajadoras no han sido sancionadas están siendo acompañadas por otras compañeras porque ellas son víctimas de este procedimiento se sienten agredidas por las autoridades sanitarias, ellas no saben cómo llegan todos sus datos personales, entienden que es a partir de una lista que se confeccionó son mujeres que desde el primer momento de la pandemia pusieron el cuerpo, ni siquiera están vacunadas, ellas son víctimas del proceso judicial”.
Finalmente reconoció Heredia que “podrían ser invalidados los procedimientos, son herramientas que el código procesal y la Constitución habilitan a las personas a plantear nulidades de los allanamientos y los secuestros si es que el juez es incompetente o no había fundamentos”.
