La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, generó fuertes reacciones en todo el arco político. El fallo, que fue emitido por unanimidad, confirma el veredicto dictado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, y sienta un precedente de gran peso en materia de corrupción y responsabilidad de funcionarios públicos.

Fernando Sánchez, referente político de la Coalición Cívica, dialogó con el equipo de Creer o reventar y remarcó que este hecho consolida una tendencia institucional en la Argentina. Desde su perspectiva, el país comenzó a dejar atrás un modelo donde la impunidad parecía ser la norma, dando paso a una etapa en la que las instituciones judiciales actúan con mayor independencia y firmeza.

"La Argentina empezó a demostrar desde hace un tiempo, no desde la semana pasada, que abandonó la impunidad como regla", expresó.

El fallo no solo mantiene la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sino que también activa la ejecución de la pena, lo que implica que Fernández de Kirchner deberá cumplir arresto domiciliario, debido a su edad, y queda formalmente excluida de cualquier candidatura política futura. La sentencia cobra una dimensión política significativa en un año clave de definiciones electorales.

"Es un mensaje para toda la dirigencia política, ojo que el poder es efímero y ojo que ya no hay más impunidad", afirmó.

Desde distintos sectores del oficialismo y la oposición se analizan las implicancias del fallo tanto en el plano institucional como en la dinámica interna del peronismo, donde la figura de la ex presidenta continúa siendo determinante. En paralelo, algunos referentes del kirchnerismo anunciaron que recurrirán a tribunales internacionales, aunque estas instancias no tienen capacidad de revertir una condena firme emitida por la máxima autoridad judicial del país.