En el segundo día del juicio oral por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, donde está acusado Amado Boudou, la Unidad de Información Financiera, aseguró que se verificaron todos los extremos de la acusación y se utilizaron todos los resortes del Estado. Durante la presentación, el abogado Facundo Grassi, representante de la UIF, manifestó que se está frente a “una organización de personas privadas y funcionarios, que presentaron un acuerdo para quedarse con Ciccone con la anuencia de sus dueños”. “Se quisieron quedar con la máquina de imprimir billetes”, agregó. Según la UIF, para ello fue importante el levantamiento de la quiebra, en un polémico cambio de actitud por parte de la AFIP. Otro eje señalado fue la avanzada judicial en 2012 que precipitó la salida del Procurador Righi, como así también el extravío de expedientes en la IGJ. Para el organismo que se encarga de velar por la transparencia financiera, todas las maniobras evaluadas constituyen un “hecho sin precedentes” que “hubiera tenido éxito sino se hubieran cruzado con una mujer amenazada” en alusión a Laura Muñoz, ex mujer de Alejandro Vanderbroele que “detonó el plan criminal” con una denuncia pública. El día de ayer, la Oficina Anticorrupción solicitó 5 años y medio para Boudou con cohecho.
Informe: Lourdes Marchese.
