La candidata a la Presidencia de la Nación por Junto por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso en declaraciones posteriores al primer debate presidencial de nuestro país, la modificación del Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas detenidas, incluso las que mantengan con sus abogados defensores.
Los dichos de Bullrich tienen sintonía con lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Es que la Justicia de Lomas de Zamora llegó a la conclusión de que hubo una coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y la AFI -conducida por Gustavo Arribas- durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los presos kirchneristas. La causa pasó después a Comodoro Py y la Cámara Federal porteña –por obra y gracia de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– dejó en pie poco de lo avanzado, pero aún así los dos camaristas reconocieron que existió un grupo dentro de la AFI y del SPF que violó la Ley de Inteligencia.
Conversamos con Eduardo Raúl Hualpa, quien es abogado y asesor desde 1996 de diversas instituciones y miembros de pueblos indígenas en la Argentina. Vicepresidente de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). Docente de derecho constitucional en la Universidad Nacional de la Patagonia.
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