Por primera vez en la historia judicial argentina, un caso de caza furtiva de yaguareté —especie en peligro crítico de extinción— llegó a un juicio oral y terminó con condenas.

El Tribunal Oral Federal de Formosa dictó penas de dos años de prisión para cuatro hombres que en julio de 2024 mataron y carnearon a un ejemplar en la localidad de Estanislao del Campo, y luego difundieron las imágenes en redes sociales.

Los condenados son Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30). Tres de ellos cumplirán la pena bajo arresto domiciliario y el restante recibió prisión en suspenso.

La resolución fue dictada por el juez Pablo Morán, quien aceptó un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, las defensas y las querellas, que incluyó también el decomiso de los elementos utilizados para cometer el delito.

El hecho generó un fuerte impacto ambiental: el animal cazado era uno de los cinco ejemplares identificados en la provincia, lo que redujo la población local a sólo cuatro individuos.

Según estimaciones oficiales, en todo el Gran Chaco argentino quedan apenas 20 yaguaretés, y en el país no más de 250.

“Es un hecho histórico, la primera condena de prisión efectiva por matar un yaguareté y la primera vez que se llega a juicio en este tipo de casos”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la ONG Red Yaguareté, aceptada como querellante junto con la Administración de Parques Nacionales.

El caso se originó cuando los acusados buscaban una vaca perdida. Armados y acompañados por perros, hallaron al bovino muerto y, cerca, al felino.

Según su testimonio, el animal atacó a sus perros y mató a dos, lo que llevó a que Claudio Cisneros le disparara con una escopeta. Luego, lo colgaron, despellejaron y consumieron su carne.

“No somos cazadores. Fue la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio.

Las imágenes circularon por redes sociales y llegaron a la representante del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, quien radicó la denuncia.

La sentencia fue celebrada por organizaciones ambientalistas. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Andino, afirmó que este fallo avanza sobre una de las causas que ponen en serio peligro a la especie: la caza furtiva.

“Ahora es hora de avanzar sobre otra amenaza igual de grave: la deforestación. La destrucción de bosques debe ser un delito penal”, destacó.

Para Lodeiro Ocampo, el caso sienta un precedente fundamental: “Poder estar como querellantes nos permite aportar pruebas, historia y conocimiento técnico que muchas veces el juez no tiene a mano. Esperamos que no haya más delitos así, pero si los hay, este cambio es enorme”.

En tiempos de emergencia ambiental, el veredicto inaugura un nuevo capítulo en la justicia argentina: perseguir y condenar la caza ilegal de especies protegidas con la misma firmeza que otros delitos penales.