El Gobierno de Venezuela autorizó la liberación para 131 personas que se encontraban detenidas bajo acusaciones políticas o vinculadas a manifestaciones contra las instituciones estatales.

La medida fue coordinada por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia oficial liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Estas excarcelaciones se concretaron formalmente mediante decretos de los tribunales de la República, luego de que el Ministerio Público presentara las solicitudes correspondientes para evaluar la situación jurídica de los procesados.

Por este tema, el fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, en diálogo con Segundo Round, dijo que "son acciones que muestran el debilitamiento del régimen. Estados Unidos los ha obligado a retroceder, los ha debilitado".

Diamanti, además, agregó que "la lucha continúa porque aún tenemos cerca de 400 venezolanos privados de su libertad por reclamar por los plenos derechos de todo el pueblo".

Paralelamente, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal iniciaron el proceso de verificación independiente en diversos centros de reclusión, confirmando las primeras liberaciones efectivas, mientras los familiares de los detenidos mantienen la expectativa de que estas medidas humanitarias se extiendad de forma incondicional al resto de los prisioneros políticos del país.