El proceso de Reforma constitucional en Jujuy visibilizó con claridad el conflicto con las comunidades indígenas.
No se respetaron los mecanismos de participación para garantizar la representatividad de los pueblos indígenas, como tampoco la consulta libre, previa e informada en la etapa que involucró la sanción de la ley de necesidad de Reforma, vulnerando los principios contenidos en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 24.071). y en La Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Se puso en evidencia la tensión entre los intereses económicos de las empresas transnacionales, la política de gestión de los recursos naturales llevada adelante por el gobierno de Jujuy, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho de toda la comunidad a un medio ambiente sano.
Pablo Gargiulo, Coordinador del Área “Empresas y Derechos Humanos” en la Fundación ANDHES, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, entiende que la gestión de Gerardo Morales en Jujuy es un prototipo de gobernanza que blinda un esquema normativo que le permite avanzar en un patrón de explotación que tiene un modelo de negocios que resulta muy conveniente para las empresas.
https://www.andhes.org.ar/contenido/87/extractivismo-reforma-judicial-complicidad-empresaria.html
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