El exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el camarista del Poder Judicial de la Ciudad Juan Mahiques no concurrieron este martes a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y pidieron reprogramar su visita, en el marco de la continuidad del proceso de remoción por la causa de coparticipación que se sigue a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones.
En tanto, la comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) anunció que ese cuerpo pedirá a la Corte Suprema que inicien "acciones disciplinarias por falso testimonio" a Silvio Robles, mano derecha del juez Horacio Rosatti, al sostener que su conducta "afecta la transparencia del funcionamiento del máximo tribunal" por ampararse en el artículo 18 de la Constitución para no declarar ante ese cuerpo.
En ese sentido, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, expresó que D'Alessandro y Robles "no hablan, porque si lo hacen, van todos presos"; al tiempo que agregó que de eso depende "la supervivencia de los 4 miembros de la Corte".
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"Estamos poniendo en evidencia a un Poder Judicial decadente y corrupto"
En tanto, consideró que tanto D'Alessandro y Robles, como los diputados de la oposición, asistirán a la próxima reunión, que se llevará adelante después de la PASO.
Sin embargo, aseguró que "todavía falta mucho para poder revertir esta situación. La política no está en ese camino, no está tratando de revertir nada sino de consolidar el poder real".
Al abrir la reunión, que se inició sin la presencia de los diputados de la oposición, Gaillard anticipó que D 'Alessandro avisó que "no podía asistir por razones personales" y propuso que se adopte "la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente".
Gaillard anunció que Mahiques también pidió reprogramar su visita a la comisión "por razones personales", así como el procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, que también pidieron reprogramar su visita.
Para el oficialismo, D'Alessandro está sospechado de haber intercambiado chats a través de Whatsapp con Silvio Robles, director general de la vocalía del supremo Horacio Rosatti, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El exministro porteño estaba convocado inicialmente para el martes pasado pero, a través de una carta enviada a la comisión, avisó que no podía concurrir por "motivos personales" y solicitó una reprogramación de la cita.
"Por existir situaciones en el plano personal que me impiden concurrir a la convocatoria prevista, vengo a solicitar tengan a bien disponer una nueva fecha para cumplir en debida forma con la requisitoria de esa Comisión", había señalado D'Alessandro en la nota dirigida a Gaillard.
Por su parte, la convocatoria a Mahiques se debe a que, según otra supuesta conversación de Whatsapp, D'Alessandro y Robles llegaron juntos, como amigos, al festejo del cumpleaños del camarista, el 15 de agosto del año pasado, en el restaurante 'El Secreto', del Hotel Four Seasons.
Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti y que concurrió el martes pasado a la comisión, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información".
El testigo se amparó permanentemente en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8B del Reglamento de la Justicia Nacional para evitar contestar los requerimientos de los diputados del Frente de Todos (FdT).
Los legisladores del oficialismo aprobaron la realización de un careo entre Robles y el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, quien en su momento afirmó que fue desplazado de su cargo porque se "negó a encubrir" al asesor de Rosatti.
Por su parte, desde Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron la utilización de los supuestos chats filtrados como elemento para interrogar a los testigos, más allá de la prueba de la huella de voz solicitada por el FdT como elemento para apuntalar la identidad de quiénes interactuaron en esas conversaciones de Whatsapp.
