En tiempos electorales donde se propone achicar drásticamente al Estado o abolir políticas vinculadas a la Justicia Social, en Tampoco es para Tanto abordamos las políticas públicas para la discapacidad. ¿Cómo funciona el sistema de financiación en discapacidad? En su segmento semanal la Lic. Bárbara Ruffini (MP1972) explicó que “hoy tenemos un sistema de financiación del 100% de los tratamientos, que no es único en el mundo, pero sí es modelo. En Chile por ejemplo ni siquiera podemos hablar de asistencia en discapacidad porque ni la salud convencional es gratuita. En Argentina, 120 mil personas cuentan con certificados de discapacidad, pero ese número abarca solo una cuarta parte de la cantidad de personas que se sabe, por el último censo, que padecen alguna discapacidad”.
La Licenciada explicó que “desde 1988 se aplica el Fondo Solidario de Redistribución, que establece que todas las actividades dentro del nomenclador de discapacidad como por ejemplo: fonoaudiología, escuela especiales, terapistas ocupacionales, los transporte que lleva a las personas a sus terapias o a los niñxs a la escuela, psicólogos son cubiertas por el estado en por medio de un sistema de tres partes: la superintendencia en salud, Afip y prestadores. Una vez brindado el servicio profesional a las familias, los prestadores envían las facturas por sus honorarios a la superintendencia de salud que se encarga de realizar las corroboraciones sobre las terapias, las horas trabajadas y si se adecuan al tratamiento aprobado para cada paciente. Por último, la AFIP autoriza para que hagan el pago a los profesionales. Aunque funciona bien para los pacientes, siempre hay un reclamo en relación a los tiempos en los que se depositan los honorarios. El proceso demora entre 60 y 90 días y con la inflación actual, por más que los aumentos en el nomenclador sean constantes y acompañen a la inflación, como no ocurría en la gestión anterior, igualmente ese retraso lo distorsiona y lo absorben los profesionales”.
Bárbara Ruffini, explicó que “en otro momento lo que se hizo es no dar turno para poder sacar el Certificado Único de Discapacidad, o si lo daban los rechazaban. También se dieron de baja alrededor de 170 mil pensiones por discapacidad. Otra manera de dejar de darle lugar a esta política es no dar aumentos a los prestadores de servicios, ya que los mismo son firmados por el presidente que es quien otorga el aumento a los nomencladores. En ese contexto los prestadores dejaban de trabajar con discapacidad”.
Por su parte, comentó que “hoy si alguien tiene un diagnóstico hace por lo menos cuatro terapias semanales y esto llega a un costo de 200 mil pesos mensuales y esto no lo paga ni quienes tienen obras sociales como OSDE. Cada país funciona distinto en relación a la cobertura en discapacidad pero ninguna familia puede solventar tres terapias por semana a terapia. En una capacitación vino una especialista y contó que en otros países son los padres que se forman con cursos para atender a sus hijos porque si no lo hacen ellos no lo hace el estado”.
