El abogado penalista, asesor parlamentario y uno de los impulsores de la reforma, Fernando Soto destacó los cambios introducidos en el régimen penal juvenil y aseguró que se trata de “un cambio histórico” tras casi medio siglo con la normativa anterior.
En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, Soto resaltó la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, aunque sostuvo que uno de los principales avances es el nuevo esquema de intervención frente a los delitos cometidos por menores.
“Lo más importante no es eso, que eso es muy importante, sino lo que se hace con el menor”, afirmó.
Explicó que, a diferencia del sistema anterior, la prisión no será la primera respuesta y los jueces contarán con distintas alternativas según la gravedad del delito y la situación de cada adolescente.
El abogado señaló que los magistrados deberán investigar los hechos y analizar el contexto familiar y social, además de garantizar la escolaridad y evaluar posibles problemas vinculados al consumo de alcohol o drogas.
También podrán establecer restricciones específicas y otras medidas destinadas a evitar la reincidencia.
Para los delitos graves, como homicidios o hechos que provoquen lesiones físicas o psíquicas graves, el régimen contempla penas de prisión.
“En los casos de menor gravedad, en cambio, los jueces podrán recurrir a medidas alternativas y realizar un seguimiento de su cumplimiento”.
Soto remarcó además que incluso cuando el menor sea inimputable, el juez deberá investigar el hecho y evaluar su situación, en lugar de cerrar automáticamente el expediente.
“La ley está, pero van a tener que quererla aplicar”, sostuvo sobre el rol que tendrán los jueces y fiscales.
Finalmente, aclaró que la reforma no resolverá inmediatamente el delito juvenil, sino que iniciará un proceso de transformación.
“No es que porque sacamos una ley nueva de la noche a la mañana vamos a terminar con el problema del delito adolescente”, afirmó, y sostuvo que el objetivo es avanzar hacia “una aplicación lógica de la ley”.